El fentanilo se apodera de California
California ha destinado más de $1,000 millones en los últimos años a combatir la crisis de los opioides. Gran parte del dinero se ha utilizado para distribuir tiras reactivas de fentanilo y naloxona, el fármaco que revierte las sobredosis, así como para prestar atención médica a las personas sin hogar. El estado ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre los opioides dirigida a los jóvenes y recientemente ha recurrido a la Guardia Nacional para que ayude a detectar a los traficantes de drogas.
Sin embargo, el problema sigue empeorando.
Impulsadas en gran medida por la prevalencia del fentanilo, un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la morfina, las sobredosis de drogas en California matan ahora a más del doble de personas que los accidentes de tráfico, más del cuádruple que los homicidios y más que la diabetes o el cáncer de pulmón, según California Health Policy Strategies, un grupo consultor de Sacramento.
Y el registro de vigilancia de sobredosis del estado indica que la mayoría de las muertes por sobredosis de opiáceos están relacionadas con el fentanilo.
Los datos provisionales del año pasado de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) muestran un pequeño aumento anual de las muertes por sobredosis en California, hasta casi 12,000. En todo Estados Unidos, las muertes por sobredosis volvieron a superar las 100,000.
“Como padre, me da mucho miedo. Como gobernador, lo veo, reconozco la naturaleza de lo que está ocurriendo en las calles”, dijo el gobernador Gavin Newsom el 12 de mayo al anunciar más fondos para que California produzca su propia naloxona.
El fentanilo, droga 100 veces más potente q la morfina, llenando de “zombies” las calles de San Francisco, California🇺🇸 pic.twitter.com/vDVraU1Dhs
— Gon Sánchez Rey ✝️🇦🇷👨👩👦👦 (@gonsanchezrey) May 14, 2023
A pesar de todo lo que el estado está haciendo para reducir las muertes por sobredosis de drogas, los expertos en políticas de salud pública dicen que no hay respuestas fáciles o claras. Los expertos en políticas antidrogas aplauden el esfuerzo de California por hacer que la naloxona esté tan comúnmente disponible como los extintores de incendios en escuelas, bares, bibliotecas y gasolineras, pero también recomiendan desviar a más delincuentes de las prisiones y cárceles hacia el tratamiento y fomentar el aumento del uso de medicamentos contra la adicción.
“Aunque hagamos muchas cosas bien en política, vamos a tener un buen número de muertes en los próximos años”, afirmó Keith Humphreys, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Stanford y experto en política antidrogas.
Afirmó que los legisladores deben examinar las causas subyacentes y complejas de la adicción si quieren lograr un cambio duradero. Los legisladores han creado un Comité Selecto sobre Fentanilo, Adicción a Opiáceos y Prevención de Sobredosis y han presentado un proyecto de ley para crear un Grupo de Trabajo sobre Adicción al Fentanilo y Prevención de Sobredosis. El proyecto de ley exige que el grupo de trabajo empiece a reunirse el año que viene y presente un informe provisional antes de enero de 2025 y recomendaciones antes de julio de 2025.
“Realmente es algo, como el covid, en lo que tenemos que centrarnos y hacer algunos cambios estructurales permanentes, como en la atención sanitaria, la atención de salud mental y la financiación para hacer frente a la adicción”, dijo Humphreys.
Newsom lo reconoció: “Nos queda mucho trabajo por hacer”.
No se ustedes pero acá en California conseguimos el fentanilo hasta por correo privado. pic.twitter.com/9eoX2spsed
— Lazaro (Lachi ) Lopez Merino (@Lazarolopezmer1) May 13, 2023
El gobernador demócrata se unió el mes pasado al fiscal general Rob Bonta para pedir a la Guardia Nacional de California, a la Patrulla de Carreteras de California y al Departamento de Justicia del estado que tomen medidas enérgicas contra el tráfico de fentanilo en San Francisco, donde las sobredosis mortales aumentaron más de un 40% en los tres primeros meses de este año respecto a 2022.
En una declaración conjunta de 28 organizaciones, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California y la Oficina del Defensor del Pueblo de San Francisco, se criticó la medida como “un enfoque que da prioridad a la aplicación de la ley en cuestiones de salud pública”.
