Masivas protestas en Israel por reforma judicial

¿En qué consiste la reforma?
Se trata de un amplio paquete legislativo del que solo una ley ha sido ratificada en el Parlamento, el pasado jueves, la que dificulta la inhabilitación del primer ministro al despojar de la facultad a un cargo técnico legal y circunscribir las causas para apartarlo del cargo a una condición física o mental. Otras iniciativas del paquete han pasado en la Knesset la primera lectura de las tres lecturas necesarias para convertirse en realidad.

En su conjunto, la reforma (que los manifestantes llaman “golpe de Estado judicial”) golpearía la división de poderes, al debilitar al judicial en beneficio del Ejecutivo, cambiaría el método de elección de los jueces y, lo más polémico, permitiría al Parlamento reaprobar leyes previamente tumbadas por el Supremo. La corte tiene esa potestad al estilo del Constitucional en España. Israel carece de Constitución, pero se guía por una serie de leyes básicas, y el Supremo tiene la facultad de interpretar si una ley regular vulnera alguna de ellas.

¿Por qué tantos israelíes se han movilizado?
El bloque pro-Netanyahu ganó las elecciones en número de diputados. Pero, en porcentaje de votos, obtuvo alrededor del 50%, los mismos que el bloque de partidos en contra. Es decir, los comicios pusieron fin al bloqueo político del país, al dibujar una coalición clara tras cinco elecciones en tres años, pero no a la división en dos mitades en torno a la figura de Netanyahu, que genera reacciones muy viscerales.

La reforma judicial puso la mecha, pero no ha sido el único motivo de la protesta casi desde el principio. Por un lado, se junta el rechazo a Netanyahu y, en general, a un Gobierno tan radical, religioso, derechista y masculino. Mientras se sucedían las manifestaciones, por ejemplo, un ministro (Bezalel Smotrich, Finanzas) abogó por “borrar” una localidad palestina en la que decenas de colonos radicales acababan de matar a una persona y quemar decenas de casas y coches.

Por otro, están los miedos. Los de las mujeres y los de colectivos como el LGTBI a que sus derechos resulten vulnerados si el Gobierno toma al asalto el último dique (el Supremo) que les protegería de leyes discriminatorias. Los de reservistas y soldados, a recibir órdenes imposibles de cumplir o a ser juzgados un día en el extranjero por crímenes de guerra si Israel pasa a ser considerado internacionalmente como un país sin justicia independiente. Por último, los de trabajadores y empresarios a que la reforma golpee y cierre al mundo la vibrante economía israelí.