La crisis social del país, que lleva más de dos semanas paralizado por el levantamiento de los manifestantes indígenas, vislumbraba el lunes el principio del fin del conflicto. Tras varios gestos del Gobierno ante las peticiones de los organizadores de las protestas, como eliminar el estado de excepción y suavizar el clima de tensión en las calles de Quito por el fuerte contingente policial y militar, ambos bandos se sentaron a una mesa en la que estaban observadores representantes de la Iglesia y de los otros poderes del Estado.
Las seis primeras horas de conversación se agotaron sin más avances que mostrar los principales puntos de fricción y pedir a la otra parte voluntad y confianza para llegar a acuerdos. Aunque hay conciliación en otros pedidos, el precio de los combustibles es la piedra en la que tropiezan el Gobierno y los representantes indígenas. Lasso cedió inicialmente con una reducción de 10 centavos por galón al diésel, extra y ecopaís -las gasolinas de consumo popular y del transporte-, pero las reivndicaciones de la Conaie insisten en que la rebaja debe ser de 40 centavos.
Esta discrepancia en los temas de fondo, así como la crispación dialéctica y los choques en las calles entre fuerzas del Estado y manifestantes, complican la resolución de un paro nacional que está deprimiendo a las economías familiares y a los negocios. De fondo, como colofón al clima de inestabilidad política nacional, está la inminente decisión de la Asamblea sobre si descabeza o no al Gobierno del país.